El 21 de agosto recién pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fondos de Inversión tras una larga discusión que duró varios años. La aprobación de esta Ley es un paso de gran trascendencia, ya que se crean las bases institucionales para que surja un instrumento financiero que permitirá seguir avanzando en el desarrollo del mercado de capitales y a dinamizar el proceso de ahorro e inversión en el país.

En las últimas tres décadas, los fondos de inversión, que son un tipo de inversión colectiva en los que participan numerosos inversionistas, por sus atractivos, han cobrado gran notoriedad en muchos países del mundo desarrollado y en desarrollo. Desde la perspectiva de los inversionistas, estos instrumentos ofrecen la oportunidad de colocar ahorro en portafolios diversificados, gestionados de manera profesional, regulados y supervisados; y, desde la óptica económica, facilitan la transferencia de recursos monetarios, de la esfera financiera hacia el sector real, imprimiendo liquidez y dinamismo al mercado financiero de corto y largo plazo, ofreciendo nuevas posibilidades para financiar proyectos que beneficien el crecimiento económico.

Las cuotas o certificados de participación de los fondos de inversión son instrumentos que se colocan en las bolsas de valores y en los mercados financieros; cuando son adquiridos por distintas personas, naturales o jurídicas, éstas dejan su dinero a una institución administradora, con el propósito de que lo invierta en diversos tipos de activos financieros –bonos, certificados de inversión, etc.- para lograr un retorno que estaría en concordancia con la política de inversión que se determine y dependiendo del nivel de riesgo que se asuma. También se pueden crear fondos que realizan inversiones en inmuebles. La regulación apropiada es muy importante para desarrollar este tipo de instrumentos financieros –muchos países la fortalecieron después de la crisis financiera mundial desatada en 2008- para que se resguarden los derechos de los participantes, y la transparencia es uno de sus pilares relevantes, de tal manera que fluya información oportuna para que sea analizada por los interesados, de tal forma que conozcan las perspectivas de su inversión así como los riesgos asociados.

La Ley aprobada permite la creación de fondos de inversión abiertos y cerrados. Los abiertos, son los que no tienen plazo definido y los inversionistas pueden rescatar sus cuotas de participación en cualquier tiempo. En cambio, los cerrados, tienen un plazo definido y los inversionistas solo podrían rescatar su inversión al final del plazo, en ciertos casos previstos o negociando las cuotas o certificados de participación en el mercado secundario. También se podrán transar en el mercado local cuotas de fondos de inversión extranjeros, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

En El Salvador, se han realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta de títulos valores que se transen en el mercado de valores; sin embargo, la oferta todavía es limitada, especialmente para inversionistas institucionales, tales como los fondos de pensiones, los cuales disponen de recursos monetarios para invertir a largo plazo, por lo que es muy importante que el marco institucional permita a este tipo de inversionistas colocar recursos en estos instrumentos financieros. Por tanto, la aprobación del marco legal para desarrollar fondos de inversión en el país, es un paso en la dirección correcta para generar un entorno institucional previsible, que permita el avance de instrumentos con potencial para contribuir a apoyar el desarrollo económico y social del país.

Por: Luz Maria de Portillo